Reforma de la democracia (I)

Que la democracia ha entrado en una crisis profunda de la mano de la recesión en todo el mundo occidental a excepción hecha de EE.UU. es un hecho indiscutible. Que haya alguna propuesta para reformarla, eso ya es mucho más dudoso, si de lo que hablamos es de propuestas serias y con visos de llegar a gestionar el mundo en el que vivimos con alguna garantía de éxito.

Me voy a circunscribir al menos de momento a España para hacer esa propuesta ahora faltante y para ello lo primero que quiero hacer es analizar la situación sólo y exclusivamente a los efectos de reforma de esa democracia hoy denostada, que como bien sabéis quienes me seguís, estoy perfectamente convencido de que abandonará las dudas y la necesidad de cambio de la mano y al mismo ritmo en que la crisis económica ceda y entremos de nuevo en crecimiento, con lo que no habremos resuelto un problema que realmente existe y se manifestará más violentamente cuantas más veces aparezca sin recibir solución.

Pero entremos en materia de un modo algo superficial, porque esto es un blog y no un tratado, sin analizar las muchas facetas de este asunto en nada más que en lo tocante a pensar en las posibilidades de reforma en busca de la perdida legitimidad.

I.- Política y administración.

A día de hoy, y desde que las comunidades autónomas asumieron las competencias por los procedimientos establecidos en la Constitución, en España existen cuatro capas de administraciones prestadoras de servicios. Tres en las Comunidades uniprovinciales. A saber: Estado, Comunidad Autónoma, Diputación Provincial y Ayuntamiento.

Con esta simple enumeración sería ya bastante para aseverar que se trata de una verdadera selva de administraciones peleando por ser la que más servicios presta y por ello la más querida por los ciudadanos, y en mentalidad de partido, con ello probablemente la del partido más votado en las próximas elecciones, pero además se hace a todas luces patente que este mare magnum de administraciones es de un coste disparatado da igual si son épocas de épocas de vacas slim fit o de tallas grandes. Y esto no sería tan rabiosamente problemático si todas esas capas no estuvieran fuertemente politizadas, y así asistimos para nuestro asombro a servicios redundantes, ideas de lo más originales para prestar extrañísimos servicios, y como muestra me remito a la reciente polémica sobre si la Comunidad de Madrid debería o no prestar el al parecer imperativamente necesario servicio de pantalla gigante para ver un partido de fútbol, o a luchas competenciales por ejemplo entre policías locales, nacionales, autonómicos y guardias civiles por ser el que más delincuentes ha detenido en tal o cual provincia, y para ilustrar del todo el asunto, baste decir que no han sido tan raros los casos en los que se ha producido un tiroteo entre los propios agentes de unos contra otros cuerpos y fuerzas de seguridad a la hora de alguna detención, obviamente en la confusión de la detención, no por discrepar.

La administración no debería estar politizada, pero al parecer este "detalle" se nos escapa a todos cuando, por poner un simple ejemplo, la menos politizable de las administraciones, la de justicia, que goza de absoluta independencia política y la expresa prohibición de militancia en cualquier partido político de sus miembros, conforma el órgano supremo de los jueces dividiéndose el Consejo entre jueces progresistas y conservadores. No sé a los demás pero a mi me parece que tal circunstancia choca frontalmente con esos principios de independencia y no afiliación.

Las administraciones públicas deben seguir fielmente las instrucciones de quienes nuestro sistema jurídico llama legítimos representantes de los ciudadanos, o sea de los políticos electos, pero con total independencia política y por tanto de un modo nada politizado. Y si algún lector tuviera alguna duda sobre si esto debe o no debe ser así, suponga una administración cualquiera cuyos funcionarios fueran todos de un partido y se entretuvieran en dificultar las decisiones de los gobernantes que por causa de unas elecciones resultaran ser del partido rival. La inmediata consecuencia sería que saldrían perjudicados los ciudadanos que deberían recibir los servicios que esa administración debiera prestarles pero que no les presta por estar entretenida en la pelea entre los cargos electos, obviamente politicos, y los funcionarios politizados. Por cerrar de momento el asunto, diré que el problema no está en los funcionarios, sino en la politización de los servicios que se prestan.

Es más que conocida la historia del "café para todos" amén de cuya filosofía el Gobierno Suárez decidió dividir en 17 mini estados el territorio español a sabiendas de que tal arquitectura política resultaría de todo punto imposible de sufragar, pero que bien valdría para apaciguar los ánimos independentistas en unos dificiles momentos de transición, algo que es obvio que no ha conseguido, pero sea como fuere, el hecho es que tal sistema sigue rigiendo el devenir de los servicios a los ciudadanos por parte del Estado, entendido este no como el Estado Nacional sino como la forma de organización de los ciudadanos del país.

La dilapidación del crédito y el prestigio que los políticos recibieron a finales de los 70 a base de escándalos de corrupción y políticos cada día con menor nivel, no han ayudado mucho a mantener el sistema, sino más bien a crear una conciencia anti políticos en una gran masa de ciudadanos, que en realidad son aquellos para los que la política y por supuesto las Administraciones Públicas debieran trabajar. Y a quienes deberían servir. 

II.- Administraciones y administrados.

El ciudadano es totalmente ajeno al reparto competencial que la Constitución, los estatutos de autonomía y las diversas leyes orgánicas o no, hayan decidido hacer. A muy pocos les importa si el servicio de autobuses es municipal, de la diputación provincial, de la comunidad autónoma, del Estado o de la asociación de amas de casa. Lo que al ciudadano le importa es que el autobús llegue a su hora, que el recorrido sea lo más corto posible y que cueste poco, amen de que cuente con las mayores medidas de seguridad y las comodidades y medios técnicos mejores posibles, si bien es cierto que algunos ciudadanos, y estoy seguro que sólo a los más politizados y a los más influenciables por los medios de comunicación, sí que les preocuparía quién les presta los servicios sanitarios, o la educación, si bien casi nadie se preocuparía por saber si las canalizaciones de luz se le deben a su diputación, a su ayuntamiento o a Bruselas. Les preocupa tener luz. Punto.

La gran disfunción viene cuando los políticos usan como arma arrojadiza los servicios públicos y se acusan mutuamente de prestar mal el servicio en cualquier capa de esas cuatro administraciones. O cuando los servicios se diseñan y utilizan a modo de campañas políticas continuadas. Y así al Estado se le acusará de la ideologizada gestión de las pensiones, a la comunidad de la mala gestión de la sanidad o la educación, a la diputación provincial de los autobuses interurbanos cada día menos frecuentes y al ayuntamiento... bueno al ayuntamiento de todo ello porque el ayuntamiento es más cercano y por tanto se puede ir a protestar con más facilidad por cualquier cosa.

Pongamos un ejemplo habitual de cada invierno: La limpieza de nieve en las carreteras y la evitación de los atascos provocados por su acumulación. Por ponerlo en la terminología al uso, eso que se suele llamar imprevisión del Gobierno.Veamos como funciona nuestra administración multicapa. Si la carretera es de la red de carreteras del Estado, será el ministerio quien tendrá la competencia de las quitanieves. Si es una carretera de la comunidad autónoma, será ésta con sus quitanieves quien tendrá que hacer lo humanamente posible por mantenerlas despejadas. Si es una carretera provincial, le corresponde a la diputación provincial, y si se trata de una calle, al ayuntamiento. 

Parece sencillo ¿verdad? El problema viene cuando por ejemplo una carretera provincial acaba en una nacional. El límite entre ellas no corresponde a ninguna. La quitanieves del Estado cumple a la perfección su obligación y llega justo al límite de su competencia, igual que hace la de la diputación, pero desde luego ninguna excede este límite por lo que el enlace de una y otra, salvo por la buena fe de los operarios que manejan las quitanieves, no lo limpia nadie. Pero si la del Estado y la de la Comunidad están limpias pero la comarcal, de la Diputación no, y esta se atasca, acabará atascando la de la Comunidad y ésta la del Estado, por ejemplo. Así imaginemos todos los enlaces, incorporaciones, trazados mixtos, y las mil circunstancias especiales que se dan en nuestra nutrida y competencialmente dividida red viaria. Ni que decir tiene la complejidad de un asfaltado o un cambio de trazado cuando se trata de unir dos carreteras de dos titularidades distintas. Los madrileños conocemos bien las mil y una aventuras vividas para el cierre de la M-50 que aún sigue pendiente de vaya usted a saber que desacuerdos entre la Comunidad de Madrid y la Red de Carreteras del Estado.

En todos los casos quien paga es el ciudadano. Y cuando digo que paga me refiero a que paga económicamente y paga en la falta de coherencia en la prestación de servicios o en la ausencia total del servicio mismo. Eso sin entrar en las economías de escala que podrían existir si en lugar de comprar una administración 20 quitanieves, otra 90, otra 1, y la última 59, una sola administración comprase 170, y adjudicase su mantenimiento una sola administración en lugar de cuatro adjudicaciones, y las bases fuesen de una sola administración, y los funcionarios y...

III.-¿Centralismo? No gracias.

A estas alturas ya habrá quien ha pensado que soy un centralista convencido, pero no es así. No lo soy en absoluto. Creo en la descentralización y mucho más aún en la desconcentración de los servicios públicos, pero en lo que no creo es en su "desmenuzación" repartiendo cada migaja del mismo servicio entre a veces decenas de entes dependientes de las cuatro administraciones.

De especial ridículo debería tacharse el hecho de que haya servicios de meteorología distintos en el Estado, las Comunidades Autónomas, los tres ejércitos y hasta en algunos municipios, Eso es caro, redundante, innecesario y si me apuran, hasta está feo, porque en los más de los casos el objetivo de quienes los han ido montando ha sido decir "yo os lo doy ciudadanos míos. Votadme en las próximas"

Yo podría admitir que el Ministerio de Defensa tuviera su propio servicio. Bueno, bien, pero ¿más de 17 servicios meteorológicos pagando por los mismos datos a los mismos satélites? Eso es incalificable.

Eso sí parece centralizable por pura lógica. Pero muchos otros servicios no.

IV.- Ideas vigentes en la solución de la situación.

Recapitulando, tenemos administraciones politizadas por sus direcciones políticas. Varias administraciones prestando "trocitos" del mismo servicio. Gastos disparatados no ya por el hecho de que cada administración debe de dotarse de los medios completos para prestar ese servicio que se comparte, sino por que hay que prestarlos por separado sin que se puedan articular legalmente mecanismos de coordinación de la prestación, que dicho sea de paso nadie quiere compartir, ni para que la titularidad de los medios sea de una sola de las administraciones  y que ésta provea de todos los medios y los mantenga con el ahorro pertinente, ni un funcionario puede depender de dos administraciones, por lo que en ocasiones hay que cuadruplicar los funcionarios necesarios. Y como consecuencia de todo ello hay verdaderas luchas competenciales no ya en pro de la independencia o de la esencia de la titularidad, sino en el día a día.

Hasta antes de la crisis la ocurrencia generalizada era la llamada segunda descentralización, consistente en traspasar los servicios a los ayuntamientos. Tan alocada idea no encontraba sino parabienes en cátedras, políticos, analistas, prensa y demás "opinadores". Pero esta idea es tan carente de lógica como estrepitosos hubieran sido sus resultados de haberse implementado. Y es que la financiación de los ayuntamientos no está resuelta en el sistema de la Constitución de 1.978. Ni mucho menos su definición competencial puede hacerse por adición. ¿Imagina alguien cuál hubiera sido la consecuencia de tal descentralización con la crisis salvaje que han sufrido, y sufren, los ayuntamientos en estos momentos? Los servicios estarían absolutamente cerrados desde hace años. Tan es así que lo que la actual reforma del Gobierno ha pretendido es retirarles aquellas competencias que no parece lógico que asuman, las llamadas impropias, y varias "propias" en cuanto no tengan capacidad financiera suficiente. Claro que no parece un criterio ni fácil de organizar, ni mucho menos coherente territorialmente hablando -un municipio podría tener competencias en servicios sociales y su vecino no tenerlas- ni mucho menos perdurable en el tiempo, algo que la ley siempre tiene que pretender.

El intento de reforma, de momento parece, en mi opinión, bastante poco acertado y sus resultados son de momento menos acertados aún, por meliflua, por compleja y por multicriterio.

Hemos pasado de dotar de más competencias a los municipios para resolver el lío competencial, a quitárselas para resolverlo. Todo un varapalo para todos aquellos que defendían la segunda descentralización, frente a quienes hemos mantenido siempre que era una aberración.

Pero ¿acaso esto va a reconciliar y volver a unir a políticos con ciudadanos y viceversa? La verdad es que los impulsores de la reforma creen que sí. Pero otra vez mantengo que no. Que el caos sigue siendo el mismo o aún mayor, porque cuando se retire una competencia a un Ayuntamiento "por no poder atender" como cuando se traspasa un negocio, ¿alguien ha previsto que se va a hacer con los funcionarios municipales que no tienen movilidad, que no pueden ser desplazados a la fuerza, y que no pueden ser cambiados de actividad cual si fueran trabajadores sujetos al Estatuto de los Trabajadores? Eso sin contar edificios, medios técnicos y un largo etcétera. Y nadie diga que simplemente se traspasa a la administración que adquiera la competencia, porque no puede haber funcionarios en el mismo empleo con sueldos distintos y es que en las distintas administraciones hay distintos sueldos para los mismos puestos y funciones. Y además traspasar edificios o bienes de titularidad pública afectos a servicios públicos no es cosa sencilla ni rápida.

Esto si acaso agravará, si es que hace algo, la situación de desencuentro, porque a buen seguro afectará a la prestación de los servicios y por tanto al descontento ciudadano a quien le importa poco si el deficit de las administraciones públicas es de una u otra administración, y lo que le preocupa es que le den los servicios que le daban o  a ser posible un poco más.

Seguiré analizando esta situación y empezando a aportar soluciones en el siguiente post que os prometo será en mucho menos tiempo del que he dejado pasar desde el anterior.