Casi toda España está indignada con la justicia europea, y no sin razón, al ver que etarras condenados a cientos de años salen a la calle alegres, sonrientes y sobre todo, con sus deudas con la sociedad "técnicamente pagadas".
No es con la justicia europea con quien hay que indignarse sino con "lo judicial" a secas. Y es que lo primero que se aprende cuando se estudia derecho es que lo justo y la justicia son cosas separadas y no suelen ir de la mano a ningún sitio.
Indignante era antes del descubrimiento de la doctrina Parot que los muchachos de la gasolina salieran a la calle con unos poquitos años de prisión, hasta que se decidió que el cumplimiento íntegro de las penas era de aplicación a los casos de terrorismo y a algunos más, pero esto era sólo un paño caliente que no resolvía nada, pues de los 25 años de prisión no pasaba ni uno. Luego del invento en 2006 de la doctrina en cuestión por el Tribunal Supremo, que recogió sólo en parte el Constitucional en su nueva creación artística llamada doctrina del doble cómputo penal, y que consiste en aplicar las reducciones de penas a cada pena por separado y no sobre el máximo legal de prisión que quede por cumplir, pareció que la cosa se resolvía mejor, pero era cuestión de tiempo que esta doctrina fuera tumbada por alguna instancia porque efectivamente era un invento, al que muchos han aplaudido y que nos ha servido bien, pero invento al fin y al cabo. Hubiera sido más sensato y más efectivo crear la pena de prisión perpetua incondicional, pero políticamente nadie se atrevió ni si quiera a sugerirlo.
Lo que no parece sensato es que haya alguien condenado a 3.000 años de prisión, básicamente porque pese a los cuidados infinitos que el sistema penitenciario español se esmera en dar a los reclusos, es más que probable que nadie llegue a vivir lo suficiente para cumplir tan extensa pena, y por tanto, tarde o temprano dejarán de cumplir pena bien por habérseles concedido la libertad condicional por ser mayores de 70 años (art. 92 del Código Penal, modificado por la LO 15/2003), bien por fallecimiento.
Es un absurdo anacronismo condenar a alguien a varios milenios de lo que sea, porque causará indignación generalizada al resto de los ciudadanos ver como un individuo se deja sin cumplir 2.970 años de su condena de 3.000. A mi personalmente, eso de 3.000 años de prisión, me suena a a señor de la guerra oriental condenando a tres milenios de penurias a quien osó levantar la mirada ante su trono y a sus descendientes.
La justicia en el mundo, y también en España, anda algo distraída en su vida interna, en su lenguaje más propio de las Hispania ocupada por las legiones del Caesar, y sus vestimentas mezcla de entierro decimonónico y profesor rural de principios del siglo pasado, que confiere el negro aspecto de jueces abogados y fiscales a las salas a las que los españoles acuden a pedir justicia. Negro presagio con puñetas blancas de esas de vaya usted a hacerlas.
Pero lejos de preocuparme por el lúgubre entramado de escenificaciones, -que si las comparamos con las de otros países son casi inexistentes y si no acudan a un tribunal británico y se sorprenderán- y lenguaje de aquel que en nuestros tiempos de universidad nos hacía devanarnos los sesos cuando Cayo usucapía el predio de Plinio y el que accede a éste, propiedad de Graco, para obtener el fruto y venderlo y aquel preguntaba al quaestor si podía participar de las rentas obtenidas (o cosas peores), lo que me preocupa es que tan lento sistema, tan arcaico, tan lleno de garantismos que hiper protegen a quien es juzgado hasta extremos de ver salir feliz a quien nunca debe estar de nuevo en libertad, o hasta el no menos alarmante de oír a determinadas mafias que es mucho mejor delinquir en España que en otros países porque las leyes son mucho más relajadas y la justicia más lenta, ha convertido la imagen de la justicia, imagen que muy bien puede calificarse en ciertos casos de fiel, en una broma pesada, una pantomima, o un arcano inextricable cuyas motivaciones, razonamientos y decisiones están tan alejadas del mundo al que pretende proteger, que no solamente es inútil, sino en muchos casos contraproducente, y si alguien considera esto exagerado, recuérdense sentencias como las que han puesto en libertad en varias ocasiones a los asesinos de Sandra Palo, aquellas que 10 años después pretenden encarcelar a quienes siendo adolescentes cometieron algún robo que ya nunca más volvieron a cometer y ahora trabajan, tienen hijos y son, como dicen en las pelis americanas, miembros respetables de la comunidad, o aquella en la que 50 puñaladas no eran ensañamiento porque a la primera ya estaba muerto... En fin, la lista es tan larga como penoso es relatarla.
Y eso por no hablar de quienes teniendo toda la razón, ven frustradas sus peticiones por tencnicismos, errores en el procedimiento o en supuestos vicios en la actuación policial.
La justicia necesita una revisión a fondo. No basta con indignarse, insisto, con razón, contra las decisiones de Estrasburgo. Hay que coger la justicia con todo lo que tiene dentro y reformarla en profundidad, buscando un modelo a medio camino entre el anglosajón y el nuestro, mezcla de romano y francés, primero para dotarla de una agilidad que a día de hoy es una ensoñación, segundo para relajar el hiper garantismo, por mucho que Amnistía Internacional ponga el grito en el cielo, tercero para acercar la justicia al ciudadano, les pese lo que les pese al Consejo del Poder Judicial, la Asociación Profesional de la Magistratura, el Colegio de Abogados y todo el sector profesional, pero sobre todo, para cumplir fielmente con lo que la Constitución manda que séa: Artículo 117, La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.
Esto de hablar de la Constitución, que es el marco en el que debemos movernos sin excepción, porque si no, es mejor no tenerla, me recuerda que España se obligó a cumplir las resoluciones del Tribunal de Estrasburgo, por lo que no debemos ahora rasgar vestidura alguna, sino acatarla como manda la ley, hasta que encontremos el camino para que nuestra justicia deje de ser tan justicia y se convierta en algo un poquito más justo y así no nos sucederán estas catástrofes que llenan de dolor a familiares de víctimas y personas concienciadas y de indignación a casi todos los demás, debate este en el que deberíamos andar enfrascados y no distraer nuestra atención en el de criticar a los señores que en la Unión Europea tienen la obligación de acomodar derechos de 27 países a un modelo común imposible ante la disparidad de fórmulas, legislaciones y sistemas, porque ellos no son los culpables de que aquí hagamos inventos porque nos vienen bien para nuestros fines.
Que nadie se deje engatusar por la fácil crítica a Europa, ni se deje llevar por la justa y lógica indignación, que por cierto irá en aumento a medida que empiecen a salir a la calle violadores en serie, asesinos y toda clase de delincuentes a los que la doctrina Parot les fue aplicada, y pidamos una reforma del sistema judicial completo, reforma constitucional incluida para alegría de nacionalistas que verán en ello el momento para preguntar que hay de lo suyo una vez abierto el melón de la reforma constitucional.
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