Un problema histórico no resuelto y sus consecuencias

Se dirá que España no aparece como tal hasta el reinado de los Reyes Católicos cuando Fernando II rey de Aragón y corregente de Castilla con su esposa la reina Isabel I de Castilla, posteriormente nombrado rey de Castilla , toman en 1492 Granada, y por último el reino de Navarra, aunque es un parlamento sin navarros quien le nombra rey de ese territorio en 1515, unificando así lo que hoy conocemos por España, y algo más, como los reinos de Nápoles y Sicilia.

No fue tal unificación resuelta a gusto de casi nadie, y nadie logró unificar definitivamente aquellos reinos.

En 1624, o sea, 109 años más tarde, el Conde Duque de Olivares escribe a Felipe IV con motivo de su coronación una carta que a mi me ha parecido siempre muy significativa: 

"Tenga Vuestra Majestad por el negocio más importante de su monarquía el hacerse rey de España; quiero decir, Señor, que no se contente Vuestra Majestad con ser rey de Portugal, de Aragón, de Valencia, conde de Barcelona, sino que trabaje y piense con consejo maduro y secreto por reducir estos reinos de que se compone España al estilo y las leyes de Castilla"

Quitando la opinión que nos merezca si debe ser secreto o no el consejo o si debían o no reducirse al estilo de las leyes de Castilla, lo que queda claro es que en aquel entonces tampoco se había resuelto la unificación de España.

Si avanzamos en la historia 200 años, nos encontraremos con las guerras carlistas que a la sazón se resolverán, entre otras cesiones y acuerdos, prometiendo a Navarra y País Vasco el respeto a sus fueros e instituciones de autogobierno, y con Cataluña en pleno independentismo. Si hablásemos de la I República (1873) tendríamos que contar las sublevaciones cantonales y la declaración de los estados regionales cuasi independientes de Valencia, Murcia y Andalucía.

No quiero reproducir aquí la historia de los distintos reinos o territorios, pero las diferencias en derechos y deberes, las legislaciones y privilegios y fueros de cada reino, no han terminado de eliminarse nunca y es evidente que a día de hoy el problema sigue sin resolverse y llevamos ya 500 años en ello, tiempo este que no parece poco, ni las personas que lo han abordado cortas de luces o de poder o capacidad en la mayoría de las ocasiones, pero la cuestión está en este punto y por decirlo de un modo lacónico, es la que es, y lo que es peor, tiene consecuencias y muchas.

En primer lugar debe saberse que en España cada vez que ha habido un desequilibrio territorial hemos acabado a tortazos y esta no es una cuestión menor.

En segundo lugar, nuestro actual y democrático sistema constitucional consagra una estructura del Estado dividido en Comunidades Autónomas de un coste inasumible, que no es inasumible solamente ahora de la mano de la crisis, sino que lo ha sido siempre, como ya se le dijo a Adolfo Suárez, incluso desde su propio gobierno, cuando propuso el "café para todos" que desembocó en la creación de 17 administraciones autonómicas justificadas en las dificultades política de la transición.

En tercer lugar, no todos los españoles tenemos los mismos derechos ni deberes en función de donde residamos. Unos pagan más impuestos que otros, unos tienen mas servicios que otros, unos tienen leyes distintas a las de los otros...

La cuarta consecuencia es la imagen exterior, no ya sólo para las empresas extranjeras que al pretender instalarse en nuestro país se asombran de las 17 legislaciones distintas que se aplican a su actividad, sino ante la Unión Europea sobre la que contaré un caso que ocurre habitualmente pero en versión hipotética y cambiándolo casi todo, por aquello de evitar disgustos. 

Supongamos que en el seno de la Unión (frase al uso cuando se habla de la Unión Eurpea) se discute sobre el tamaño mínimo legal de la captura del jurel. Francia propondrá un tamaño mínimo. Alemania otro. Italia y Portugal estarán de acuerdo en otro algo mayor que cualquiera de los anteriores, y así cada país hasta que le toca el turno a España. La lógica de Bruselas es que comiencen las conversaciones y los informes entre países, no entre partidos, hasta llegar a un acuerdo, cosa que no siempre es fácil, pero cuando habla España la cosa se vuelve mucho más compleja: Cataluña y País Vasco proponen una medida. Andalucía se niega a nada que no sea un centímetro menos que la propuesta francesa. Valencia exige que el jurel mínimo sea un centímetro mayor que el planteado por catalanes y vascos. Galicia apoya a Alemania. Murcia y Cantabria piden que les visite la Comisión Delegada del Parlamento para Asuntos Pesqueros para que conozcan in situ las consecuencias que tendría una medida así en su industria del jurel, para lo cual obsequiaran con arroz caldero y anchoas, respectivamente, a la Delegación cuando les visiten. Canarias aducirá su situación frente a las costas africanas que según ellos debe justificar una legislación específica, pues específico es el caso. En cuanto a Asturias,  no se ha recibido aún la propuesta que se espera de un momento a otro, y la posición de las comunidades autónomas del interior no se ha fijado pues no quieren injerirse en asuntos que afectan tanto al entramado económico y social de las comunidades vecinas, pero apoyarán sin duda la resolución que se adopte.

La pregunta de los técnicos, diputados de cualquier color y comisarios europeos es: Entonces la propuesta española ¿cuál es?

Imagine quien esto lee, no ya la imagen, sino la capacidad de auxilio que puede prestar España en tareas de decisión europea y mucho más allá del jurel, cuando se habla de fondos, de rescates, de presupuestos, o de cualquier tema, y especialmente candente es la exigencia de que Bruselas acelere la entrega del fondo aprobado para la banca española. ¿Cuál de las 17 bancas españolas?

Si es o no un contrasentido histórico estar en la Unión Europea aspirando a la cesión absoluta de la soberanía de los estados para construir una verdadera unión política mientras a la vez se reivindican los derechos de independencia de los antiguos reinos o de los territorios, es algo que no tiene trascendencia alguna.

Si tienen o no derecho a la independencia unos u otros, tampoco va más allá en la historia que ha conformado no sólo nuestro país sino cualquier otro, pues nunca ha sido causa determinante del dibujo de las fronteras.

La cuestión es que estamos en un país donde millones de personas se consideran de otro país, y esto es un hecho indiscutible, mientras que muchos más millones consideran que somos uno sólo y esto es otro hecho indiscutible, y que llevamos así 500 años sin dar solución a este asunto que, de la mano de la democracia y sin asesinatos -ni que decir tiene que sin guerras- de por medio, debe abordarse decididamente y ya, pues a los desequilibrios políticos, legislativos, de derechos y deberes, se une una circunstancia que ahora mismo refuerza la urgente necesidad de una solución y es que esto está ahogando económicamente a 47 millones de personas y condenando a medio plazo casi a la miseria a cerca de 1 millón de parados de larga duración que no cobran nada, amenazando a los otros 4 millones durante lo que queda de este año y 2013 por lo menos.

¿Pero como afrontar el problema? 

En primer lugar debe partirse, en mi opinión, de la realidad de 500 años sin resolver el problema y no de la irrealidad de un problema nuevo o reciente, porque la verdad es que no lo es, por mucho que las fronteras de los reinos se hayan alterado y modificado hasta convertirse en territorios autonómicos o forales.

En segundo lugar, deben tenerse en cuenta por encima de cualquier otro planteamiento los sentimientos de la gente. De nada vale el derecho o la historia. La cuestión está en que el derecho puede modificarse, la historia es inamovible pero puede interpretarse, y vaya si se interpreta, pero los sentimientos son muchísimo más poderosos y más difíciles de cambiar que el derecho y la interpretación histórica, pero sobre todo, son los sentimientos los que pueden dejar sentado definitivamente cual debe ser el dibujo de España de una vez por todas, y por ello con los sentimientos es con lo que debemos trabajar si queremos avanzar algo mas que en los pasados cinco siglos.

¿Puede alguien que se sienta catalán o gallego o navarro o leonés sentirse también español? 

¿Aquel que no se siente español de ninguna de las maneras sino solamente catalán o gallego o navarro o leonés, quiere unirse a España para avanzar juntos y ser solidario con el resto de los españoles y estos con él?

¿Quienes se sienten españoles y niegan que exista posibilidad alguna de que haya territorios que tengan la firme voluntad de dejar de ser España, pueden entender que igual que ellos no quieren ser asturianos o andaluces o lituanos, haya quien no quiera ser español?

No tengo respuesta a todo, ni es importante si la tengo o no. La cuestión es que alguien debería preguntárselo de una vez por todas a todos los españoles y resolver esta maraña quincentenaria por el bien de la paz social, de la democracia, de la libertad y del bienestar de todos los 47 millones de personas que habitamos en España.